AI pide acabar con «la política de impunidad» en Ceuta y Melilla

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Amnistía Internacional (AI) ha pedido a los Gobiernos de España y Marruecos que acaben con «la política de impunidad y excepcionalidad» en las fronteras de Ceuta y Melilla, con motivo de la Reunión de Alto Nivel hispanomarroquí que se celebra desde este miércoles en Rabat.

En concreto, la ONG exige a ambos países «un compromiso claro» para investigar lo ocurrido en el puesto fronterizo de Barrio Chino, en Melilla, el pasado 24 junio cuando cientos de personas trataron de acceder desde el lado marroquí a la valla fronteriza. Por este motivo, AI ha realizado una acción a las puertas del Palacio de La Moncloa, donde ha instalado varias siluetas con los nombres de varios fallecidos y desaparecidos en la tragedia.

Amnistía Internacional, que ha cifrado en al menos 37 las personas fallecidas y en otras 77 las desaparecidas en la valla fronteriza de Melilla el pasado 24 de junio, ha llevado a cabo la misma acción ante la Embajada de Marruecos en Madrid con motivo de la cumbre entre España y Marruecos.

«La cumbre de la impunidad»

«¿Será posible que se reúnan hoy los gobiernos en cuya frontera murieron y desaparecieron más de 100 personas y no hablen de lo que sucedió y no tomen medidas para que esto no se repita? ¿Será posible que los derechos humanos sigan siendo invisibles e ignorados en las relaciones entre España y Marruecos y en esta cumbre?, ha cuestionado frente a la Moncloa el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

A su pesar, Beltrán ha subrayado que esta reunión será recordada «como la cumbre de la impunidad» en vez de significar «el principio del fin de la impunidad y el oscurantismo» sobre las actuaciones gubernamentales que, a su juicio, contribuyeron a que más de 100 personas fallecieran o desaparecieran «en apenas dos horas» el pasado 24 de junio.

El director de AI ha instado a las delegaciones de ambos países a que se comprometan a acabar «con la política de excepcionalidad» de las fronteras en Ceuta y Melilla como espacios sin derechos e impunidad, frenar los malos tratos a los migrantes y garantizar la posibilidad de pedir asilo a las personas de origen subsahariano «sin tener que jugarse la vida».

Beltrán ha pedido que se termine de una vez con las expulsiones colectivas como las 470 que se produjeron el 24 de junio: «es inaceptable y ahora hay ocasión de acabar con ellas si en la ley mordaza se elimina la cobertura legal de las devoluciones en caliente. Es el momento de hacerlo si hay voluntad política», ha aseverado.

«Ninguna investigación adecuada» sobre la tragedia del 24 de junio

«Nada puede ser igual desde el 24 de junio. No lo es para los familiares de los muertos y desaparecidos y no lo puede ser para los gobiernos. No puede repetirse esta tragedia y hay que tomar una serie de medidas urgentes para que no vuelva a ocurrir», ha incidido Beltrán antes de denunciar que ocho meses después de la tragedia no ha habido «ninguna investigación adecuada».

En este sentido, Beltrán ha calificado de «broma macabra» los argumentos empleados por la Fiscalía para archivar su investigación al no apreciar indicios de posibles delitos de homicidio imprudente ni de omisión del deber de socorro en la actuación de las fuerzas de seguridad de España y considerar legales los 470 rechazos en frontera cuestionados por el Defensor del Pueblo.

Según ha explicado, la semana pasada Amnistía envió una carta al presidente del Gobierno español con estas peticiones acerca de lo sucedido en Melilla y denunciando además lo que consideran «graves vulneraciones de los derechos humanos» en Marruecos (el encarcelamiento de ocho periodistas y activistas) para que sean presentadas a las autoridades marroquíes en la cumbre.

«Aún no sabemos ni cuántas personas perdieron la vida ese día ni muchos de sus nombres, pero sí que se usaron gases lacrimógenos en espacios sin salida, que se golpeó a personas que estaban en el suelo, o que se negó la asistencia médica a los heridos durante horas por parte de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Fue una actuación ilegal, cruel y peligrosa», ha asegurado la investigadora de la ONG Virginia Álvarez.

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