Anticorrupción investigará la presunta compra de votos en Melilla

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La Fiscalía ha encargado a Anticorrupción que asuma el caso de la presunta trama de compra de voto «a gran escala» en Melilla debido a «su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular» en las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo.

Así consta en un decreto firmado el jueves por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que ha tenido acceso RTVE. En él, explica que se dan los requisitos establecidos en la ley para que esta Fiscalía Especial asuma el caso y considera que los hechos podrían ser constitutivos de «falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho».

Otro de los motivos por el cual se ha tomado esta decisión, explican fuentes del Ministerio Público, es que en Melilla no hay delegado de Anticorrupción y hasta ahora estaba llevando el caso la Fiscalía ordinaria. Consideran que, por la trascendencia de lo ocurrido, lo coherente es que se encargue esta Fiscalía especial, como ya ocurre en el caso de la supuesta trama de compra de votos en Mojácar, Almería.

En Melilla, la Policía Nacional ha detenido y dejado en libertad a una decena de personas por esta supuesta trama. Los arrestados estarían vinculados a Coalición por Melilla, partido mayoritario del Gobierno local. Uno de ellos es el ‘número tres’ de las listas de esta formación local y consejero del Gobierno de la ciudad autónoma, Mohamed Ahmed Al-lal, quien fue cesado de su cargo por el presidente de la ciudad tras conocerse el arresto.

Tras saltar a la luz el caso de Melilla se han conocido otras supuestos fraudes electorales, primero en Mojácar y después en Albudeite, Murcia, donde la Guardia Civil detuvo el jueves a dos candidatos socialistas por una supuesta compra de votos, la cabeza de lista en la localidad y un candidato autonómico. Estos casos han protagonizado la recta final de la campaña: el PP ha exigido a Pedro Sánchez que tome medidas y que «rompa» con Coalición por Melilla, mientras que el presidente del Gobierno ha acusado a los de Alberto Núñez Feijóo de «embarrar» la campaña para desmovilizar

Habla de «criminalidad organizada» y apunta a Coalición por Melilla

García Ortiz justifica su decisión dado que los hechos suponen «una manifestación de delincuencia o criminalidad organizada» y tenían la «pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular», así como por la «complejidad de las investigaciones a desarrollar».

El decreto detalla que las pesquisas realizadas hasta ahora por la Policía Nacional -que han dado lugar a la apertura de una investigación judicial en Melilla- «han puesto de manifiesto la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo».

Precisa que «esta operación delictiva dio comienzo el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla».

«Dichos individuos conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma», indica.

Fuente

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