Aragonès asume la debilidad de su Govern en una semana negra




Quizás por primera vez en lo que va de legislatura, el Ejecutivo presidido por Pere Aragonès está comprobando con toda crudeza lo que supone gobernar con el apoyo de apenas 33 diputados en un Parlamento de 135 actas. Sin haber podido aprobar aún los Presupuestos para 2023 por la falta de entendimiento con el PSC, el Govern de ERC ve como se agita la calle por el paro social convocado para hoy y mañana por sanitarios y docentes, al que se han sumado los letrados de la Administración de Justicia –huelga de ámbito estatal, en este caso– y hasta el sector del taxi. De alguna forma, en el Ejecutivo republicano se ha pasado de la euforia con la que se acogió la salida de Junts del Govern y la ‘desjudicialización’ acordada con Pedro Sánchez –en ERC se trompeteó prácticamente el comienzo de una nueva era política–, a la constatación de que esta legislatura, tenga la duración que tenga, va ser un tormento. Incluso numeritos como el de Aragonès yéndose de la cumbre hispano-francesa para no escuchar los himnos apenas tienen rentabilidad política para los republicanos, acusados en la calle de ‘traidores’ por los ‘hooligans’ de Junts. Apenas unos días después de aquello, sanitarios y profesores lideran ahora unos paros que implican, en realidad, el brusco aterrizaje de los republicanos en la Cataluña real y la exigencia por parte de estos colectivos de que se reviertan ya los efectos de los recortes de la crisis de 2008. El problema que afronta Aragonès es que parte de estas mejoras pasan por que se aprueben las cuentas de la administración catalana para 2023, algo que se daba por descontado que sucedería a primeros de enero pero que ahora mismo está encallado. El PSC se niega a dar paso franco a Aragonès, y como ya se ha explicado, los socialistas catalanes tienen claro y aseguran que si ERC no quiere tener que prorrogar las cuentas van a tener que retratarse. El discurso es claro: ERC ya se cobró su apoyo a los PGE    con unas reformas penales que fueron más allá de lo previsto. Los republicanos no pueden exigir ahora apoyo recíproco gratis; las cuentas catalanas discurren en otro nivel negociador, recuerdan desde el partido. Solo la foto de Aragonès acordando las cuentas con Salvador Illa ya es el reconocimiento explícito de que Cataluña ha entrado en una nueva fase política, pero el PSC no quiere quedarse solo con la foto. Reclaman, por ejemplo, que salgan adelante proyectos como el Hard Rock de Tarragona, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y la autovía B-40 entre Sabadell y Tarrasa, a los que ERC se opone de la mano de los comunes. Ambos partidos, PSC y ERC, llevan semanas tanteándose, acusándose unos a otros de ser los responsables del bloqueo. En el PSC ya se avisó que harían sudar a los republicanos, más después de que en verano Oriol Junqueras despreciase soberbio un apoyo de los socialistas que tras la salida de Junts pasó a ser necesario. «De golpe les entraron las prisas», apuntan en el PSC. Las semanas van pasando, lo que hace que un hipotético acuerdo se acerque a la fecha de las elecciones municipales, donde ERC, PSC y Junts se disputan la hegemonía. MÁS INFORMACIÓN noticia No Illa reprocha la «actitud intransigente» del Govern con los presupuestos, aunque vuelve a tender la mano a Aragonès La presión aumenta. La portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patrícia Plaja, advertía ayer al PSC de que si «en los próximos días» no hay un acuerdo será su responsabilidad. El Ejecutivo se ha abierto a revisar su postura respecto a la B-40, asegurando que este es el único proyecto que les separa de los socialistas, lo que estos niegan, apuntando a su vez a un desacuerdo más amplio. Las negociaciones «no se pueden dilatar más en el tiempo», apuntan en el Govern, aunque sin poner una fecha límite para romper. En su semana más complicada, ERC pierde pie. Ayer, en el Congreso, se abstuvo en la aprobación de los decretos anticrisis del Gobierno.

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