El Ministerio de Hacienda, liderado por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, ha puesto sobre la mesa una propuesta ambiciosa que podría cambiar el panorama financiero de las comunidades autónomas españolas. En el caso de la Región de Murcia, el plan contempla la condonación de 3.318 millones de euros de su deuda pública, una cifra que representa aproximadamente el 25,9% de su endeudamiento total, estimado en 12.802 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2024. Esta medida, que se debatirá el próximo miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), forma parte de un paquete más amplio que busca aliviar la carga financiera de las autonomías de régimen común, excluyendo a Navarra y el País Vasco, con un total de 83.252 millones de euros a condonar en el conjunto del país.

La Región de Murcia, conocida por ser una de las comunidades más endeudadas en proporción a su Producto Interior Bruto (PIB) —con un 31,2% a finales de 2023 según datos del Banco de España—, lleva años lidiando con las consecuencias de un sistema de financiación autonómica que sus dirigentes califican de "injusto". Con una deuda que supera los 13.000 millones de euros en el segundo trimestre de 2024, según las últimas cifras disponibles, Murcia se encuentra en el tercer lugar del podio nacional de endeudamiento relativo, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (42,2%) y Castilla-La Mancha (31,9%).

La condonación propuesta por Hacienda supondría un alivio significativo. Si se aprueba, el endeudamiento regional podría reducirse a niveles más manejables, lo que, en teoría, liberaría recursos para sanidad, educación y servicios sociales, áreas críticas que han sufrido recortes en el pasado debido a la presión de los intereses financieros. Según estimaciones del Gobierno central, esta medida podría ahorrar a las autonomías entre 5.000 y 7.000 millones de euros en intereses a nivel nacional, un beneficio que Murcia también aprovecharía proporcionalmente.

La metodología detrás de esta quita, explicada por Montero en rueda de prensa este lunes, se basa en un análisis del "sobreendeudamiento" autonómico generado entre 2009 y 2013, periodo marcado por la crisis financiera, frente al aumento más moderado de la deuda entre 2019 y 2023, influido por la pandemia y la guerra en Ucrania. En el caso de Murcia, los 3.318 millones representan el 3,99% del total nacional condonado, ajustado en tres fases que incluyen criterios como la población ajustada y el esfuerzo fiscal de las comunidades en el IRPF.

Sin embargo, la propuesta no ha sido recibida con los brazos abiertos por el Gobierno regional, presidido por Fernando López Miras (PP). El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha calificado la medida como "una ofensa" y un "nuevo trato de privilegio" hacia Cataluña, comunidad que recibiría una condonación de 17.104 millones de euros, la segunda más alta tras Andalucía (18.791 millones). Para el Ejecutivo murciano, esta iniciativa no aborda el problema de fondo: la infrafinanciación crónica de la Región, que recibe menos recursos por habitante que otras autonomías según estudios de la AIREF y FEDEA.

"Rechazamos esta medida aislada porque no soluciona nuestro verdadero problema, que es la infrafinanciación. Lo que necesitamos es un sistema de financiación más justo y equitativo", afirmó Marín, quien también criticó la "arbitrariedad" de la propuesta al señalar que Murcia, pese a ser la peor financiada, recibiría una quita del 26%, la sexta más baja entre las comunidades. El presidente López Miras, por su parte, había anticipado su escepticismo antes de conocer la cifra exacta, asegurando que el CPFF "está hecho a la medida de Puigdemont", en referencia a las negociaciones del Gobierno central con ERC y Junts.

Desde la oposición, la portavoz del PSRM-PSOE, Carmina Fernández, ha ofrecido una visión más positiva. "Esta condonación es un alivio para las arcas regionales y una muestra de transparencia del Gobierno central, que ha detallado los criterios aplicados", señaló. Fernández destacó que la medida reduciría la factura de intereses y abogó por complementarla con un fondo de nivelación mientras se revisa el sistema de financiación autonómica, un reclamo compartido por el PP pero con matices distintos.

La propuesta de Hacienda no llega en un vacío político. Forma parte de los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez en 2023 con ERC, que incluyeron la condonación inicial del 22% de la deuda catalana del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Tras ampliarse a todas las autonomías, el plan ha desatado un intenso debate sobre la equidad y las motivaciones políticas detrás de la medida. Mientras el Gobierno central defiende que beneficia a todas las regiones y mejora su acceso a los mercados, el PP, que gobierna en Murcia y otras diez comunidades, ha anunciado su rechazo en bloque, con su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, acusando a Sánchez de "comprar la Presidencia con el dinero de todos los españoles".

En términos económicos, la condonación podría tener implicaciones a medio plazo. Para Murcia, reducir la deuda en más de una cuarta parte aliviaría la presión sobre su presupuesto, que en 2023 cerró con un déficit de 901 millones de euros (2,32% del PIB), superior a la media nacional de las autonomías (-0,91%). Sin embargo, expertos advierten que, sin una reforma estructural del sistema de financiación, el endeudamiento podría volver a crecer, como ha ocurrido en los últimos 16 años, desde los 755 millones de 2008 hasta los más de 13.000 actuales.

El destino de esta propuesta se decidirá este miércoles en el CPFF, donde las comunidades deberán votar. Aunque la condonación es voluntaria y no está sujeta a condiciones, según Montero, el rechazo del PP podría complicar su aprobación o generar tensiones entre regiones. Si se ratifica, el Gobierno espera aprobar una ley orgánica antes de fin de año para formalizar la medida, tras negociaciones bilaterales con cada autonomía.

Para la Región de Murcia, el debate trasciende los 3.318 millones. Es una oportunidad para replantear su modelo financiero, pero también un recordatorio de las profundas desigualdades que persisten en el reparto de recursos en España. Mientras tanto, los murcianos observan expectantes, atrapados entre la promesa de un alivio inmediato y la incertidumbre de un futuro que sigue dependiendo de decisiones tomadas más allá de sus fronteras.