En un operativo simultáneo llevado a cabo en las provincias de Murcia, Málaga y Madrid, la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a perpetrar fraudes masivos mediante inversiones en criptomonedas. La operación, que culminó con la detención de ocho personas, puso fin a una sofisticada estafa piramidal que habría defraudado aproximadamente 400 bitcoins (BTC), equivalentes a unos 30 millones de euros según la cotización actual. Este golpe policial, iniciado tras una denuncia en Murcia en 2022, revela la magnitud de un entramado que afectó a miles de víctimas, tanto en España como en otros 35 países.

El modus operandi de la banda era tan ingenioso como engañoso. Los estafadores operaban a través de una plataforma digital que promocionaba un plan de inversión aparentemente legítimo: los usuarios podían "arrendar" sus bitcoins durante un período de 12 meses a cambio de promesas de alta rentabilidad. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad de negocio lucrativa resultó ser una clásica estafa piramidal. Las ganancias iniciales de los primeros inversores fueron financiadas con los fondos de quienes se sumaron posteriormente, creando una ilusión de éxito que se desmoronó cuando los responsables de la plataforma eliminaron la opción de retirar los fondos invertidos, dejando a miles de personas sin acceso a su dinero.

La investigación comenzó hace tres años en Murcia, cuando una víctima denunció haber sido estafada tras confiar en las promesas de la plataforma. Las pesquisas llevaron a los agentes de la Policía Nacional a descubrir un esquema internacional que involucró a al menos 3.646 usuarios de 36 países. De estos, 2.718 eran residentes en España, lo que convierte al país en uno de los principales focos del fraude. La magnitud del daño económico es abrumadora: los 400 BTC defraudados, valorados en unos 30 millones de euros al momento de la operación, reflejan solo una estimación inicial, ya que el valor de las criptomonedas fluctúa constantemente.

Durante los registros realizados en dos domicilios —uno en Málaga y otro en Murcia—, los agentes incautaron pruebas clave: 73 cuentas bancarias, 12 turismos, cinco motocicletas, un teléfono móvil, diversos equipos informáticos y 1.500 euros en efectivo. Estos hallazgos evidencian el nivel de organización y los recursos con los que contaba la banda, que operaba con una estructura bien definida para captar víctimas y gestionar los fondos ilícitos. Según fuentes policiales, el operativo no solo desarticuló la red, sino que también envió un mensaje claro a quienes intentan lucrarse mediante estafas en el auge del mercado de criptomonedas.

La Policía Nacional destacó que este caso se suma a otras operaciones realizadas en 2024 por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que en el último año logró detener a 90 personas, recuperar 30 millones de euros y confiscar 3 millones en criptoactivos relacionados con fraudes financieros y blanqueo de capitales. El auge de las criptomonedas ha traído consigo una ola de delitos económicos, y las autoridades advierten a la ciudadanía sobre los riesgos de invertir en plataformas no reguladas que prometen beneficios extraordinarios con poco esfuerzo.

Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de los inversores ante promesas de riqueza rápida y la necesidad de mayor educación financiera en un mundo donde las monedas digitales ganan terreno. Mientras las víctimas intentan recuperarse de las pérdidas, la justicia española evaluará ahora el alcance total del fraude y las responsabilidades de los detenidos, en un esfuerzo por cerrar un capítulo oscuro en la historia de las criptoinversiones en el país.