La Región de Murcia se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras conocerse que el gobierno autonómico, liderado por el Partido Popular, ha otorgado una subvención de 500.000 euros a la empresa Sistemas y Desarrollos Energéticos del Sureste S.L., encargada de gestionar el hostal "Patio de Luces" en Puerto Lumbreras. Este establecimiento está vinculado al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, una figura política controvertida que dejó el cargo en 2017 tras ser imputado en varios casos de corrupción y que, desde entonces, ha mantenido un perfil bajo en Miami, Estados Unidos. La asignación de fondos públicos a esta compañía ha desatado críticas de la oposición y ha puesto en cuestión la transparencia en la gestión económica del Ejecutivo regional.

El anuncio de la subvención, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el pasado 8 de abril de 2025, detalla que los fondos se enmarcan en un plan de apoyo al sector turístico y hostelero, afectado por las fluctuaciones económicas postpandemia. Sin embargo, lo que parecía una medida rutinaria de estímulo económico se ha convertido en un escándalo político al descubrirse que el beneficiario indirecto es Pedro Antonio Sánchez, quien, según fuentes cercanas, mantiene intereses económicos en el "Patio de Luces". Este hostal, un modesto edificio rehabilitado en el corazón de Puerto Lumbreras —donde Sánchez fue alcalde entre 2003 y 2013—, ha sido presentado como un proyecto de revitalización local, pero su conexión con el expresidente ha levantado sospechas sobre posibles favoritismos.

La empresa Sistemas y Desarrollos Energéticos del Sureste S.L., constituida en 2019, no tiene un historial destacado en el sector turístico, lo que ha generado dudas sobre su idoneidad para recibir una suma tan significativa. Según los registros mercantiles consultados, la sociedad se dedica principalmente a actividades relacionadas con la eficiencia energética y la construcción, con un capital social de apenas 50.000 euros. En 2024, la compañía reportó ingresos de 120.000 euros y un beneficio neto de 18.000 euros, cifras modestas que contrastan con la magnitud de la subvención otorgada. Expertos en economía regional consultados por este medio señalan que este tipo de asignaciones suelen requerir una justificación detallada de viabilidad económica, algo que, hasta el momento, el gobierno murciano no ha hecho público.

Pedro Antonio Sánchez no es un desconocido en el panorama de la controversia. Durante su mandato como presidente de la Región de Murcia (2015-2017), fue investigado por casos como el "Auditorio" —por el que fue condenado a tres años de prisión en 2023 por prevaricación y falsedad— y el "Guardería", aún pendiente de juicio. Tras su dimisión, Sánchez se trasladó a Miami, donde adquirió una vivienda valorada en 540.000 dólares, financiada parcialmente con hipotecas sobre propiedades en Murcia y una ayuda pública de 26.412 euros recibida en 2021. Este nuevo episodio reaviva las acusaciones de clientelismo que han perseguido al PP murciano durante años.

Desde el gobierno regional, el consejero de Turismo, Marcos Ortuño, ha defendido la legalidad de la subvención, argumentando que se trata de una iniciativa para "impulsar el empleo y la economía local en Puerto Lumbreras". Ortuño ha evitado mencionar directamente a Sánchez, insistiendo en que la ayuda se concedió tras un proceso "transparente y competitivo". Sin embargo, la falta de documentación accesible sobre los criterios de adjudicación ha alimentado las críticas de la oposición. El PSOE murciano, liderado por José Vélez, ha calificado la operación como "un nuevo caso de enchufismo" y ha exigido una investigación parlamentaria. Por su parte, Podemos ha ido más allá, solicitando la comparecencia de Ortuño y la devolución de los fondos.

Analistas económicos advierten que esta subvención podría tener implicaciones más allá del ámbito político. "En un contexto de recuperación económica frágil, destinar medio millón de euros a un proyecto sin un plan de negocio claro es, como mínimo, cuestionable", señala María José Alarcón, profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Murcia. Alarcón apunta que el sector turístico regional, aunque estratégico, necesita inversiones focalizadas en proyectos de mayor escala y retorno comprobado, no en iniciativas opacas que benefician a figuras políticamente expuestas.

La ciudadanía también ha reaccionado. En redes sociales, el hashtag chantier #MedioMillónSánchez se ha viralizado, con comentarios que van desde la indignación hasta la sátira. "Mientras los murcianos pagamos impuestos, el dinero público acaba en los bolsillos de los de siempre", escribió un usuario en X. En Puerto Lumbreras, algunos vecinos defienden el hostal como un activo local, pero otros lo ven como un símbolo de las desigualdades persistentes en la región.

Este caso pone de nuevo bajo el foco la gestión de los fondos públicos en Murcia, una comunidad con un historial de escándalos que han erosionado la confianza en sus instituciones. Con una deuda pública que supera los 10.000 millones de euros y un desempleo estructural del 15%, según datos del INE de marzo de 2025, la prioridad del gasto público es un tema sensible. Mientras el gobierno regional prepara su defensa y la oposición afila sus argumentos, el destino de este medio millón de euros promete ser un tema candente en los próximos meses.