La Región de Murcia se enfrenta a una situación preocupante en el mercado inmobiliario: el 4% de las viviendas actualmente en venta están ocupadas ilegalmente, lo que sitúa a esta comunidad como la tercera provincia con la tasa más alta de España en este fenómeno, según datos recientes de un estudio elaborado por el portal inmobiliario Idealista. Este porcentaje, que supera la media nacional, ha encendido las alarmas entre propietarios, agentes inmobiliarios y autoridades, quienes buscan soluciones ante un problema que afecta tanto al derecho a la propiedad como al funcionamiento del sector.

El informe, publicado este jueves 20 de marzo de 2025, revela que Murcia se encuentra solo por detrás de provincias como Gerona, donde la tasa alcanza casi el 10%, y otra región aún no especificada con un porcentaje superior. En términos absolutos, este 4% representa cientos de inmuebles que, aunque están listados para su venta, no pueden ser comercializados con normalidad debido a la presencia de ocupantes sin título legal. Esta situación genera pérdidas económicas significativas para los propietarios y complica las operaciones de compraventa, ya que muchos potenciales compradores desisten al conocer la problemática.

El fenómeno de la ocupación ilegal no es nuevo en España, pero su incidencia en el mercado de viviendas en venta ha cobrado especial relevancia en los últimos años. En la Región de Murcia, factores como el elevado número de segundas residencias, el abandono de propiedades tras la crisis económica de 2008 y la falta de vigilancia en ciertas zonas han contribuido a este aumento. Barrios periféricos de Murcia capital, así como municipios costeros como Cartagena o Águilas, son algunos de los puntos donde se concentra este problema, según fuentes del sector inmobiliario consultadas.

Las consecuencias de esta situación son múltiples. Para los propietarios, la ocupación supone una pesadilla burocrática y legal: desalojar a los ocupantes puede llevar meses o incluso años debido a los lentos procesos judiciales y a la necesidad de demostrar la titularidad y el uso legítimo de la vivienda. "Es desesperante. Tienes una propiedad que quieres vender para invertir o pagar deudas, pero no puedes hacer nada mientras extraños viven en ella", relata Ana Martínez, una afectada que lleva más de un año intentando recuperar su piso en Molina de Segura.

Por otro lado, las inmobiliarias también enfrentan dificultades. "Muchos clientes se echan atrás cuando descubren que una vivienda está ocupada. Aunque el precio sea atractivo, nadie quiere meterse en un lío legal", explica Pedro López, gerente de una agencia en Murcia. Esto, a su vez, genera un efecto dominó: los inmuebles ocupados quedan estancados en el mercado, reduciendo la oferta disponible y, en algunos casos, afectando los precios de las viviendas en la zona.

Desde el ámbito político y social, las opiniones están divididas. Algunos sectores señalan la necesidad de endurecer las leyes para agilizar los desalojos y proteger la propiedad privada, mientras que otros abogan por abordar las causas estructurales, como la falta de acceso a la vivienda asequible, que empuja a algunas personas a recurrir a la ocupación. "No justifico la okupación, pero hay que entender que mucha gente no tiene alternativa", apunta María José Alarcón, trabajadora social en Cartagena.

Las autoridades regionales, por su parte, han prometido estudiar medidas para combatir este problema. Entre las propuestas que han surgido en los últimos meses están el aumento de la vigilancia policial en zonas vulnerables y la creación de un registro de viviendas ocupadas para facilitar su identificación y gestión. Sin embargo, hasta el momento, no se han anunciado planes concretos, lo que mantiene la incertidumbre entre los afectados.

El caso de Murcia no es aislado. A nivel nacional, el crecimiento de la ocupación ilegal en propiedades en venta refleja una tendencia que preocupa al sector inmobiliario y que podría agravarse si no se toman medidas efectivas. Mientras tanto, en la Región de Murcia, el 4% de viviendas en venta ocupadas sigue siendo una cifra que pone en jaque tanto a propietarios como al mercado, en un contexto donde la solución parece aún lejana.