Un juzgado de Murcia ha procesado este lunes a J.M.O., un exprofesor de la Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia, por presuntas agresiones sexuales contra varios de sus alumnos, en un caso que ha conmocionado al mundo taurino y a la sociedad murciana. El auto judicial, emitido por el Juzgado de Instrucción número 9, señala que existen "indicios racionales de criminalidad" suficientes para continuar con el proceso contra el acusado, quien enfrenta cargos por agresiones sexuales, exhibicionismo y pornografía infantil. Este desarrollo marca un nuevo capítulo en una investigación que comenzó en 2020 y que llevó al cierre definitivo de la institución en 2021.

El caso se remonta a septiembre de 2020, cuando la Policía Nacional detuvo a J.M.O., de 69 años, tras recibir una denuncia anónima a través de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM). La investigación inicial reveló que al menos diez alumnos, con edades entre los 11 y los 27 años, habrían sido víctimas de abusos cometidos entre 2006 y 2019. Según los testimonios recopilados, el acusado utilizaba su posición de autoridad para perpetrar los actos: invitaba a los chicos a su domicilio bajo el pretexto de analizar vídeos taurinos, donde presuntamente los sometía a prácticas sexuales o les mostraba material pornográfico, mientras que a las chicas las abordaba con la excusa de ofrecerles masajes terapéuticos que derivaban en tocamientos indebidos.

La resolución judicial destaca que, aunque J.M.O. ha negado los hechos, las declaraciones de las víctimas, respaldadas por informes psicológicos y forenses, ofrecen una base sólida para el procesamiento. Un informe del Instituto de Medicina Legal de Murcia, citado en el auto, indica que el acusado padece un trastorno depresivo grave y un trastorno de personalidad, pero subraya que estas condiciones no afectan su imputabilidad penal. La jueza Olga Reverte ha ordenado que el procesado sea citado a declarar en los primeros días de diciembre, mientras se le ha impuesto una fianza de 20.000 euros para garantizar su comparecencia.

El escándalo no solo ha puesto fin a la Escuela de Tauromaquia, una institución que durante años fue un referente para los jóvenes aficionados al toreo en la región, sino que también ha generado un profundo debate sobre la supervisión en centros formativos y la protección de menores. La directiva de la escuela, encabezada por el matador Pepín Liria, afirmó en su momento no haber tenido conocimiento de los abusos, pero la presión pública y la magnitud del caso llevaron a su disolución en marzo de 2021. Además, un segundo individuo, de 51 años, fue detenido en 2020 por presunta omisión del deber de denunciar, al sospecharse que conocía las acciones de J.M.O. y no actuó.

Las víctimas, en su mayoría menores de edad durante los hechos, relataron en sus declaraciones haber guardado silencio por vergüenza, miedo a represalias y el temor a ver frustrados sus sueños de convertirse en toreros. Algunos han requerido tratamiento psicológico para superar el trauma. "Quedé en shock, no sabía cómo reaccionar", confesó uno de los afectados en su testimonio policial, según fuentes cercanas a la investigación. Otro aspecto inquietante del caso es que los abusos no se habrían limitado a los alumnos, extendiéndose también a familiares y a estudiantes extranjeras que visitaban la plaza de toros.

El procesamiento de J.M.O. llega tras años de diligencias judiciales que incluyeron el sobreseimiento provisional de otra investigada, la madre de una alumna, por falta de pruebas que la vinculen directamente con los delitos. Mientras tanto, el abogado del acusado, Manuel Martínez, ha insistido en la inocencia de su cliente, calificando las acusaciones como parte de una "conspiración" para desprestigiar a la Escuela de Tauromaquia. Sin embargo, la jueza ha considerado que los indicios son lo suficientemente graves como para avanzar hacia un posible juicio.

La sociedad murciana sigue el caso con atención, mientras colectivos antitaurinos han aprovechado la situación para cuestionar la financiación pública que recibía la escuela por parte de administraciones gobernadas por PP, Vox y Ciudadanos. El desenlace de este proceso judicial podría sentar un precedente en la lucha contra los abusos en entornos educativos y deportivos, dejando una huella imborrable en la historia reciente de Murcia.