El Gobierno se prepara para otro golpe judicial por la pandemia



Tras la sentencia relativa a las primeras restricciones por la pandemia, se espera esta semana otra resolución contraria a las decisiones tomadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

 

El Gobierno de Pedro Sánchez se prepara para otra semana complicada en materia judicial. Y es que el Tribunal Constitucional abordará este martes tanto el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno va a hacer ahora un año, como la suspensión de plazos en el Congreso de los Diputados al inicio de la pandemia. Y no parece que sus resoluciones vayan a ser favorables para el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

Ya a principios de mes se conoció que el TC previsiblemente declararía inconstitucional el segundo estado de alarma decretado por el gabinete de Sánchez, por lo que atendería, aunque sea parcialmente, el recurso presentado por Vox.

El magistrado ponente de esta sentencia que será estudiada este martes, Antonio Narváez, concluyó su resolución y en ella acogería dos de los tres principales argumentos del partido de Santiago Abascal contra ese segundo periodo de estado de alarma que arrancó el 25 de octubre de 2020 y que se extendió por seis meses. De salir adelante, este sería un nuevo revés para el Ejecutivo que ya en julio vio como el tribunal de garantías declaraba la inconstitucionalidad de algunos aspectos del primer estado de alarma.

 

En este recurso de inconstitucionalidad Vox sostenía que el segundo de alarma vulneró los artículos 17, 19, 21 y 25 de la Constitución, relativos a los derechos a la libertad y a la seguridad; a la libre circulación; a la reunión y la manifestación pacíficas; y contra las sanciones administrativas que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad.

En su ponencia, previsiblemente el TC dictaminará que para cumplir con la exigencia constitucional de fiscalización del Ejecutivo durante ese periodo de seis meses no fueron suficientes las comparecencias ocasionales que hizo Sánchez en el Congreso, y tampoco aquellas que delegó en el que fuera ministro de Sanidad Salvador Illa, y posteriormente Carolina Darias.

El cuestionable ‘cerrojazo’ al Congreso

En este pleno los magistrados también tratarán un asunto que ya llevaban en el orden del día del mes de septiembre, la constitucionalidad o no de los acuerdos de la Mesa del Congreso que suspendieron el cómputo de los plazos reglamentarios en la cámara baja al inicio del estado de alarma en 2020. La deliberación llega después de que admitieran a trámite el recurso de amparo presentado por el grupo parlamentario de Vox.

Este asunto, que está pendiente desde junio de 2020 -que fue cuando el TC lo admitió a trámite- se analizará, también con ponencia del magistrado Narváez, si esa decisión se ajustó a la Constitución, aunque en realidad únicamente se pararon plazos de preguntas y proposiciones no de Ley entre el 19 de marzo y el 13 de abril, por lo que en ese periodo se centrará la deliberación en el órgano de garantías.

 

En la resolución de admisión a trámite el TC ya explicó que en este recurso concurre una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este órgano y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto al plantear una cuestión jurídica relevante y genera repercusión social o económica y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales.

Tras las primeras restricciones por la pandemia, la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, aprobó el 19 de marzo ‘parar el reloj’ de los plazos de las iniciativas, lo que implicaba dejar en suspenso las respuestas del Gobierno o la presentación de enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley.

Todo apunta a que el Pleno prepara una sentencia contraria a esos acuerdos de la Mesa del Congreso. El ‘cerrojazo’ a la actividad parlamentaria está pendiente de resolución desde junio de 2020 -que fue cuando el TC lo admitió a trámite.

 



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