El juez García Castellón responde a Suiza sobre el caso ‘Tsunami’

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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye la causa en la que se investiga el papel de la plataforma ‘Tsunami Democràtic’ en los altercados y disturbios posteriores a la sentencia del ‘procés’, ha dictado un auto en el que responde a Suiza que los tratados internacionales suscritos por ambos países prohíben rechazar la solicitud de asistencia judicial con base en motivos políticos en una causa de terrorismo.

En un auto al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado ha respondido a la resolución de las autoridades helvéticas, conocida este martes, en la que le pedían que ampliase los indicios por terrorismo contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para determinar si su petición de localizarla tiene carácter «político», lo que le impediría colaborar con la Justicia española.

García Castellón explica en su auto que, en noviembre, fecha en la que se cursó la primera comisión rogatoria al país helvético, se solicitó también una reunión de coordinación en el marco de Eurojust con carácter urgente con la voluntad de aclarar las cuestiones relativas de auxilio judicial de la Audiencia Nacional, sin haber obtenido respuesta por parte de las autoridades suizas.

Para el juez, esta situación resulta particularmente extraña, atendiendo la confianza recíproca que suele caracterizar la cooperación entre ambos estados. El magistrado reitera la necesidad de materializar esa reunión de coordinación y, mientras tanto, responde en su auto a las cuestiones planteadas por las autoridades de Suiza.

Cree «inadmisible» la petición de explicación sobre la amnistía 

Además, en su auto, el juez considera que «manifiestamente inadmisible» la solicitud de explicación que figura en la comunicación suiza en relación con las posibles consecuencias de una ley de amnistía en relación con los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic y con la investigada Marta Rovira.

García Castellón subraya asimismo que se trata de una ley que está en tramitación y recuerda que, en España, así como en las democracias de la UE la función de los jueces «es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado» y que el Poder Judicial es un poder separado e independiente al Legislativo y al Ejecutivo y que, por tanto, no es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en su redacción, como tampoco lo es del legislador o del Ejecutivo inmiscuirse en la función de juzgar, calificar o sentenciar.

En relación con la petición de localización de Rovira, el juez explica que ha acudido a la vía de la cooperación judicial, ya que se trata de recabar información sobre el domicilio de una persona que afecta a un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Además, sostiene que tiene «efectos invasivos mínimos» saber el paradero de la investigada.

Abre pieza separada sobre un presunto delito de revelación de secretos

Por otra parte, el juez García Castellón ha incoado un pieza separada que se tramitará con carácter reservado con el fin de esclarecer la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte de las autoridades o funcionarios que hayan podido tener conocimiento de la respuesta de las autoridades suizas a la comisión rogatoria que cursó en el marco del caso Tsunami Democràtic.

El magistrado acuerda encargar la investigación a la Guardia Civil en funciones de policía judicial e insta a la unidad investigadora a «eludir cualquier información sobre el curso de la investigación a sus superiores, debiendo reportar directamente de los avances de los de la investigación a este magistrado instructor».

El magistrado acuerda notifica este auto al fiscal y sólo su parte dispositiva a las demás partes personadas.

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