El PP aceptar reubicar a 347 menores migrantes de Canarias y Ceuta

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Las comunidades autónomas han pactado este miércoles el reparto voluntario de 347 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta. Sin embargo, las regiones del Partido Popular no se han posicionado sobre otro de los puntos de la Conferencia Sectorial de Infancia en Lanzarote: la reforma de la Ley de Extranjería. El objetivo que persigue el Gobierno al reescribir este texto es hacer dicha reubicación obligatoria.

Según ha adelantado la agencia EFE, el Ejecutivo se plantea registrar cuanto antes el cambio normativo sin contar con los ‘populares’.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha celebrado que «afortunadamente» se haya desbloqueado este reparto, pero ha opinado que este mecanismo, el basado en la voluntariedad, «tenía sentido hace unos años», pero ahora la situación es diferente. 

Según la propuesta del Ejecutivo, Andalucía acogería a 30, Aragón 20, Asturias 24, Baleares 10, Cantabria 29, Castilla y León 21, Castilla-La Mancha 20, Cataluña 31, Comunidad Valenciana 23, Extremadura 30, Galicia 26, Madrid 30, Murcia 16, Navarra 15, País Vasco 18 y La Rioja 4. 

La cumbre, que ha durado más de cuatro horas, ha generado una reacción casi inmediata en Vox. A través de su cuenta de X, el partido, aliado del PP en 4 comunidades autónomas, ha señalado al líder ‘popular’, Alberto Núñez Feijóo, como el «responsable» de «romper los Gobiernos de coalición». El presidente de Vox, Santiago Abascal, le ha acusado de «estafar a los españoles y ponerlos en peligro». Igualmente, el partido ha anunciado una reunión extraordinaria para este jueves de su Comité ejecutivo nacional.

Cruce de opiniones sobre la Ley de Extranjería

Las comunidades autónomas del PP han decidido no posicionarse sobre la reforma de la Ley de Extranjería, para el reparto de menores migrantes no acompañados porque corresponde al Parlamento. Así lo han manifestado en la Conferencia, según han informado a Europa Press fuentes presentes en la reunión. 

Los ‘populares’ han reprochado al Gobierno que haya enviado el borrador de la reforma tan solo un día antes y le acusan de no tener «voluntad de que se lleve a cabo». «El Gobierno ha vuelto a reformar el acuerdo quitando la parte de financiación, que es lo que exigíamos», ha añadido vicepresidente canario, Manuel Domínguez (PP), en RNE. En una entrevista, ha defendido que las comunidades del PP «cumplen con el reparto» frente a la «gestión deficitaria del Gobierno» y se ha mostrado insatisfecho con la propuesta presentada, ya que aún se desconoce el proceso legislativo con el que se aplicará la reforma, ya sea un decreto ley o una proposición. «Se ha mezclado el reparto solidario con la reforma legislativa», ha opinado.

Las comunidades muestran dudas y piden recursos

También ha expresado sus dudas acerca de esta reforma ha sido el consejero de Derechos Sociales de la Generalitat catalana, Carles Campuzano, que ha aseverado que la acogida de los menores tiene que hacerse «de manera ordenada» y ha indicado que en los términos en los que se presenta la modificación de la ley de extranjería, «el Govern de Cataluña no puede avalarla». 

Campuzano ha insistido en que entiende las necesidades de Canarias y por ello acude a esta reunión con un «ánimo constructivo» pero ha recordado la «vocación de acogida» de su comunidad, que desde el 2017 ha recibido a 14.000 jóvenes migrantes. No obstante, ha pedido al Gobierno central que «se abra a introducir otros criterios» y ha considerado que no solo Canarias, Ceuta y Melilla son territorios «sobreocupados», sino que también en Cataluña hay hasta 4.000 personas que han llegado a la mayoría de edad y no les han «echado a la calle».

También el Gobierno Vasco ha pedido al Ejecutivo central «reglas claras» en la atención de los menores migrantes no acompañados y un plan estructural que evite las vulneraciones de derechos humanos. La consejera de Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha señalado que el fenómeno migratorio «es una realidad estructural y no coyuntural» por lo que requiere planificar y articular un plan de contingencia que tenga entre sus prioridades evitar las vulneraciones de derechos humanos de los menores. 

La Xunta de Galicia, por otro lado, ha confirmado estar dispuesta a acoger a 26 nuevos menores migrantes. La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha reivindicado a Galicia como «lugar de acogida», que no obstante se ha mostrado muy crítica por la «ausencia» de una política migratoria por parte del Ejecutivo. Además, ha demandado la convocatoria de una conferencia de presidentes y ha exigido financiación por parte del Gobierno para atender a los menores hasta que abandonan el sistema de protección.

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La Comunidad de Madrid, en cambio, ha lamentado que «tras un año de inacción» ante la «crisis migratoria» el Gobierno de España haya decidido «endosar» a las autonomías «otro problema», en este caso mediante «un reparto impuesto» que «no soluciona nada». Así lo ha sostenido la consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, quien durante su intervención telemática ha recordado que en los últimos 17 meses «más de 10.000 personas han fallecido tratando de llegar a España por la Ruta Canaria». «Este problema requiere de una respuesta de Estado. Todo lo demás son parches y actitudes impostadas que provocarán un efecto llamada para las mafias», ha advertido.

Mientras tanto, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Macha, Bárbara García, ha expresado su apoyo a la reforma de la ley, pero ha señalado que tiene que estar acompañado de financiación. García, que ha avanzado que votarán a favor de la acogida, ha insistido en que se trata de un problema que debe asumir el Gobierno de España e, incluso, Europa con la colaboración de las comunidades autónomas y ha insistido en que si hay que modificar la normativa para dar cobertura y garantizar los derechos de los niños y niñas que están en Canarias para que sean atendidos con todas las garantías que se merecen, «pues habrá que modificarla».

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Marta del Arco, ha afirmado que el Principado apoya la reforma de la ley de extranjería, porque «garantizará la atención y tutela a los menores inmigrantes no acompañados». En unas declaraciones a los medios tras la conferencia sectorial, Del Arco ha mostrado la solidaridad de Asturias y ha asegurado que la asistencia a estos menores es «una responsabilidad del conjunto de España, de todas las comunidades autónomas», de manera que los derechos de los menores migrantes «estén garantizados». 

El PSOE acusa al PP de «falta de humanidad»

Fuentes del PSOE afirman que el PP «está demostrando una total falta de humanidad, de empatía y de solidaridad» en un asunto que «exige la máxima sensibilidad». Tras recordar que el debate gira en torno a niños «en situación de vulnerabilidad», los socialistas aseguran que el partido de Feijóo «no tiene proyecto» en política migratoria «más allá de enviar buques de guerra a perseguir cayucos» y que el objetivo que tienen es «crear una confusión absoluta».  

«Al final, se ha dejado llevar por sus compañeros de Gobierno en muchas CC.AA. y ha hecho suyas las ideas de Vox, que solo demuestran una falta de humanidad incomprensible», sostienen.

«Trata de tapar que a lo que se niega es a cumplir con su obligación de ser solidario y acoger a menores migrantes en España», continúan las fuentes, que asimismo recuerda que la competencia en esta materia recae sobre las comunidades autónomas e insta al partido de la oposición a explicar «por qué no han creado en estos años las infraestructuras necesarias para acoger a menores migrantes». «El PP se escuda en argumentos inverosímiles para tapar su falta de voluntad política en inmigración», añaden.

Canarias muestra a las comunidades su realidad

Como parte del encuentro con las comunidades, el Gobierno de Canarias ha mostrado a los consejeros que se han desplazado a Tenerife cuál es «la realidad» de los menores de los cayucos. El presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo (CC), y su consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, han acompañado para ello a los representantes autonómicos de Cataluña, Castilla-La Mancha y Navarra a un centro de Santa Cruz de Tenerife, uno de los mayores de la red, con 234 chicos.

«Tenemos también centros pequeñitos que están funcionando muy bien, pero evidentemente es en los grandes donde existen las mayores complicaciones, porque 234 niños en un centro son muchos niños para seguir con ellos un programa integral de atención», ha explicado a los periodistas Candelaria Delgado, que lleva meses advirtiendo de que la red de las islas está sobrepasada y de que van a tener que recurrir a espacios como tiendas de campaña en los puertos.

Por ello, ha comentado que «es bueno» que las comunidades autónomas vean ‘in situ’ la situación que hay en Canarias y lo que «se puede venir» en los próximos meses a Canarias. «Les pedimos que ayuden a todos esos niños y niñas a tener una mejor calidad de vida y a conseguir lo que ellos pretendían cuando se metieron en la patera o en el cayuco», ha señalado Delgado, quien ha remarcado que todos esos niños y adolescentes han llegado a España pensando en trabajar para poder enviar dinero a sus hogares.

Fuente

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