IEE: las Administraciones deben buscar la eficiencia del comercio



Al mismo tiempo, es necesario establecer un marco regulatorio que promueva la inversión y la innovación en el sector. En este mismo sentido, hay una creciente evidencia empírica que muestra que la calidad regulatoria de las actividades económicas es de vital importancia para la prosperidad económica, ya que condiciona, en gran medida, el crecimiento económico, el nivel de empleo y la productividad de los factores de producción. También se pone de manifiesto la necesidad de que España mejore su calidad institucional, como requisito esencial para conseguir nuevos progresos en el ámbito económico.

España tiene una posición muy deficiente en “la carga de la regulación gubernamental” situándose en la posición 114 de 141 países. De hecho, nuestro país es uno de los países desarrollados con mayores niveles de carga regulatoria, con un exceso normativo y una deficiente calidad nstitucional.
En la regulación aplicada al sector del comercio, España tiene una regulación peor que la de nuestro entorno, ocupando la posición 27 de 38 países, situándose la misma del orden de un 15% por debajo del promedio de la UE. En el caso concreto de España, la regulación del comercio se valora como más desfavorable que la normativa general y con una tendencia de deterioro de los últimos años.

La mejora de la calidad institucional en el sector del comercio mejoraría la renta familiar y ayudaría a reducir la inflación

En este contexto, el IEE ha querido cuantificar la pérdida de bienestar que supone para la economía española la deficiente calidad institucional en la regulación del comercio, en uno de los sectores donde estos problemas son especialmente relevantes, que se ha estimado en un orden del 0,8% del PIB. En este sentido, la supresión de estas disfunciones podría aumentar la renta familiar por hogar al año en un orden de 470 euros. Por otra parte, si tenemos en cuenta que la mejora de la Calidad Institucional supone una reducción de los costes y, por lo tanto, una palanca de reducción de los precios al consumo, el IEE ha estimado que podía suponer una reducción de hasta 1,7 puntos del IPC, circunstancia que sería especialmente beneficiosa en la actual coyuntura económica.
Esta reducción de costes podría suponer un aumento significativo en la inversión en el sector y un incremento del número de empleos en el sector que se ha estimado en 88.000 personas. Además, hay que señalar que la mejora de la Calidad Institucional no solo mejora la renta de las familias y el desempeño del sector, sino que también se ha estimado que puede suponer un aumento de la recaudación tributaria de 870 millones de euros al año.

Las principales disfunciones identificadas en la regulación del comercio

Las principales cargas administrativas y requerimientos regulatorios del sector del comercio que se han identificado en el estudio son las siguientes:

• Trámites relativos a la lentitud y dificultad de concesión de licencias: las principales trabas son la pérdida de tiempo para acceder a la normativa urbanística municipal, los retrasos en las Licencias de Obra y de Apertura, y la existencia de una excesiva arbitrariedad en la concesión de estas últimas. A esto, en los últimos años se ha sumado las exigencias medioambientales que han terminado por convertirse en obstáculos de muy compleja solución.
• Costes operativos, de aprovisionamientos y de gestión: engloban toda una serie de ineficiencias relativas a los trámites aduaneros y a la distribución urbana de mercancías.
• Gestión de residuos: en la regulación de residuos, envases y procedimientos.
• Hurto multirreincidente y otros aspectos: los costes que tiene que soportar el sector como consecuencia del problema del hurto multirreincidente, las consecuencias de los abusos en las prácticas de devoluciones, y los problemas que se plantean a raíz de los abusos y el fraude asociado a las reseñas en comercio electrónico.

La mejora de la calidad institucional de la regulación del comercio derivada de la supresión de estas disfunciones citadas puede suponer un ahorro de costes del orden de 8.840 millones de euros que en su mayor parte se explicarían por la posible reducción de costes operativos y de gestión y por la mejora de la regulación en materia de envases y normativa medioambiental. Además, otra palanca de eficiencia podría derivarse de la regulación específica de problemas como el hurto multirreincidente y los abusos en devoluciones y en las reseñas en comercio electrónico.

Recomendaciones del IEE
Dentro de las acciones a acometer para mejorar la calidad institucional de la regulación del comercio en España podemos destacar las siguientes:

• Mejora de la eficiencia en los procesos administrativos, con un acceso más directo a los técnicos para conocer, de primera mano, las mejoras y los cambios que se deben realizar en los proyectos para la obtención de licencias y permisos, así como agilizar su tramitación. Es necesario, igualmente, otorgar seguridad jurídica y estabilidad al marco regulatorio del sector.
• Reducción de los plazos administrativos, requisito fundamental para promocionar la inversión y la eficiencia en el sector. Entre las acciones se propone reforzar el silencio administrativo positivo y sustituir la autorización previa por declaración responsable
• Reconocimiento mutuo de normativas por las comunidades autónomas. Además, sería conveniente unificar las plataformas digitales y hacerlas compatibles entre las distintas regiones, así como tratar de armonizar los objetivos de sostenibilidad a nivel de comunidades autónomas.
• Respecto a la regulación en materia de protección de los consumidores y derechos lingüísticos se debería eliminar la actual inseguridad jurídica y la pérdida de competitividad que implica que cada comunidad autónoma legisle sin coordinación alguna con el resto de las Administraciones.
• Conveniencia de instaurar una moratoria en el nuevo impuesto relativo a los plásticos de un solo uso.
• Respecto al problema de hurto multirreincidente, la legislación aprobada recientemente aportará ventajas respecto a la situación previa, si bien existen todavía aspectos que se deberían perfeccionar.
• Se considera conveniente facilitar y mejorar los accesos al centro de las ciudades, lo que permitirá una importante reducción de los costes de aprovisionamiento.

Fedea aconseja la prórroga del plan de recuperación

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada considera conveniente que el Gobierno negocie con Bruselas una ampliación de los plazos de ejecución del Plan de Recuperación para asegurar el «buen aprovechamiento de una oportunidad histórica». En un nuevo trabajo que ha realizado el organismo sobre el seguimiento de las reformas e inversiones del Plan de Recuperación durante los últimos meses, Fedea subraya que, en retrospectiva, «parece claro que se ha sobrevalorado» la capacidad de España de absorber «con rapidez» niveles de inversión tan elevados como los previstos en el Plan de Recuperación.

«Habrá que ver qué se puede hacer para agilizar su ejecución, pero seguramente convendría priorizar la negociación de una ampliación de los plazos relevantes con el fin de asegurar el buen aprovechamiento de una oportunidad histórica», subraya. Fedea asegura que se dispone de información «muy limitada» sobre la ejecución definitiva de los fondos europeos, «pues la mayor parte de las entidades y administraciones encargados de ella no publican informes de ejecución presupuestaria con la misma premura y detalle que la Administración General del Estado».
Así, con la información disponible hasta el momento, sólo se puede cuantificar de manera aproximada el grado de ejecución definitiva de los recursos a partir de la tasa de ejecución de los fondos que el Estado gestiona directamente y los importes transferidos a otras administraciones y entes.
Por esta vía, Fedea estima que la tasa de ejecución definitiva fue en 2021 como máximo del 27% sobre el total presupuestado para el ejercicio y del 11% en noviembre de 2022, a lo que habría que añadir lo ejecutado por otras administraciones con cargo a las transferencias de la Administración General del Estado (AGE) del ejercicio anterior, lo que se desconoce.

Según la última entrega de los datos periódicos de ejecución del Plan publicados por el Gobierno, los recursos adjudicados, pero no necesariamente desembolsados, en las convocatorias y licitaciones resueltas hasta el momento por la AGE y sus entidades y empresas dependientes ascienden a 13.757 millones de euros, lo que supone en torno al 0,96% del PIB de 2021.
A esto habría que añadir los recursos adjudicados por las comunidades autónomas, que, según cálculos de Fedea, podrían elevar esta cifra hasta entre el 1,14% y el 1,55% del PIB de 2021, frente a los 4 puntos esperados en el proyecto del Plan de Recuperación.

«Así pues, los datos y estimaciones disponibles apuntan a adjudicaciones de 0,6 a 0,8 puntos de PIB por año y a niveles de desembolso aún menores, lo que supone un ritmo en torno al 30-40% de lo esperado en su día», advierte Fedea.
De acuerdo con el Reglamento europeo por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), los fondos destinados a cada país, incluyendo los préstamos, deberán estar «asignados» o «comprometidos jurídicamente» el 31 de diciembre de 2023 a más tardar. Para aclarar dudas sobre esta disposición, Fedea ha realizado una consulta informal a la representación de la Comisión Europea en España, que le ha respondido que esta disposición se refiere a la Comisión Europea y no a los países miembros. Esto significa que la Unión Europea debe haber comprometido formalmente los fondos del MRR asignados a los distintos países miembros antes de la fecha señalada, pero éstos no tienen obligaciones concretas sobre la utilización de los fondos en tal fecha.
Lo que sí afecta a los países miembros es el límite temporal para la ejecución real o física, pero no necesariamente presupuestaria, de los proyectos, que se fija en el citado Reglamento en el 31 de agosto de 2026, fecha en la que deberán haberse cumplido los hitos y objetivos establecidos para las inversiones y reformas acordadas, de forma que los pagos finales a los países miembros puedan hacerse antes del 31 de diciembre del mismo año.
En principio, el mismo límite se aplicaría también a la Adenda al Plan de Recuperación que ahora se está negociando, incluyendo el nuevo segmento de préstamos. De acuerdo con las fuentes de la Comisión, el límite de ejecución de 2026 sería muy difícil de cambiar porque eso exigiría modificar también la decisión sobre recursos propios que autoriza a la Comisión a emitir nueva deuda neta para financiar el MRR, que también expira en 2026.

Para cambiar esta norma, Fedea subraya que se necesitaría unanimidad en el Consejo de la UE y la ratificación de todos los Estados miembros, lo que en muchos casos exigiría el visto bueno de los parlamentos nacionales.
Desde el arranque del Plan de Recuperación en el verano de 2021 hasta el momento, se ha puesto en marcha mediante convocatorias de ayudas y licitaciones de contratos o transferencias a las comunidades casi el 70% del gasto originalmente previsto, lo que supone una «tasa de arranque» del 23% por semestre.
Fedea constata que se ha avanzado «muy significativamente» en la puesta en marcha de los PERTE. Con las nuevas convocatorias, el volumen de recursos movilizado casi se ha duplicado, pasando de 6.650 millones de euros en junio de 2022 a 12.300 millones en diciembre del mismo año.
«Si excluimos del denominador al PERTE Chip, que todavía está en preparación y se financiará con cargo a la Adenda del Plan de Recuperación, la tasa de arranque de los PERTE (el 61%) comienza a acercarse a la del conjunto del Plan (el 69%), a diferencia de lo que sucedía en junio, cuando la relación era del 32% frente al 46%», explica.

No obstante, Fedea avisa de que, en los PERTE más avanzados, hay «indicios» de ciertas dificultades para atraer suficientes solicitudes de calidad para agotar las ayudas disponibles, especialmente en las convocatorias destinadas a empresas.
Preocupación por la reforma de las pensiones
En lo que respecta a las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación, Fedea detecta «luces y sombras» y muestra especial preocupación por la del sistema de pensiones, como ya ha hecho en otros trabajos.
En este sentido, apunta que las estimaciones disponibles sugieren que el impacto neto de los cambios propuestos por el Gobierno en el periodo de cálculo de la pensión (subirlo de 25 a 30 años, descartando los dos peores años) se traduciría en «una ligera reducción de la pensión media inicial de las futuras cohortes de jubilados», que se trasladaría gradualmente al gasto en pensiones, ayudando a reducirlo en el futuro, «pero sólo de forma muy modesta».
«El ahorro en 2050 se situaría como mucho en el 0,3% del PIB», apunta Fedea, que señala que la propuesta del Ejecutivo de destopar parcialmente las cotizaciones sociales «tampoco resolvería los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones, pues aportaría como mucho un 0,15% del PIB en nuevos ingresos cuando se complete en 2050».
«La suma de ambas cantidades está muy por debajo de lo necesario para compensar el incremento del gasto en pensiones derivado de la primera fase de la reforma en curso, que el propio Gobierno cifra en torno a 3,5 puntos de PIB en 2050», concluye. Por otra parte, Fedea vuelve a insistir en que el destope de las bases máximas de cotización supone potenciar «un impuesto oculto y muy distorsionante que no debería formar parte del esquema de financiación de la Seguridad Social».

Georgieva: riesgos de una nueva guerra comercial


La reversión del proceso de integración global de las economías amenaza con desembocar en una nueva ‘guerra fría’ con bloques económicos enfrentados, según ha advertido el Fondo Monetario Internacional, que estima un impacto adverso en el PIB mundial de hasta siete puntos porcentuales en caso de producirse una fragmentación geoeconómica severa.

En un artículo publicado por la directora gerente de la institución, la economista búlgara señala que el coste a más largo plazo de la fragmentación del comercio podría oscilar «entre el 0,2% de la producción mundial en un escenario de fragmentación limitada y casi el 7% en un escenario severo», lo que equivale aproximadamente al PIB anual combinado de Alemania y Japón. «Si se agrega el desacoplamiento tecnológico a la mezcla, algunos países podrían experimentar pérdidas de hasta el 12% del PIB», apunta. De hecho, Georgieva advierte de que es probable que el impacto total sea aún mayor, dependiendo de cuántos canales de fragmentación se tomen en cuenta, ya que, además de las restricciones comerciales y las barreras a la difusión de tecnología, la fragmentación podría sentirse a través de restricciones a la migración transfronteriza, flujos de capital reducidos y una fuerte caída en la cooperación internacional.
En este sentido, subraya que esto sería «especialmente difícil» para aquellos que se ven más afectados por la fragmentación, ya que los consumidores de bajos ingresos en las economías avanzadas perderían el acceso a bienes importados más baratos y las economías pequeñas de mercado abierto se verían muy afectadas, con un impacto sustancial en la mayor parte de Asia por su gran dependencia del comercio abierto. Ante esta situación, la directora del FMI señala la necesidad de fortalecer el sistema de comercio internacional, comenzando con «una reforma vigorosa de la Organización Mundial del Comercio» y con la celebración de acuerdos de apertura de mercados basados en la OMC.»También debemos ser pragmáticos sobre el fortalecimiento de las cadenas de suministro (…) Aun así, las opciones de política como la relocalización podrían dejar a los países más vulnerables a las crisis», añade Georgieva.
En segundo lugar, la búlgara recomienda ayudar a los países vulnerables a lidiar con la deuda, ya que la fragmentación podría dificultar aún más ayudar a muchas economías emergentes y en desarrollo vulnerables que se han visto gravemente afectadas por múltiples perturbaciones.»La fragmentación hará que sea más difícil resolver las crisis de deuda soberana, especialmente si los principales acreedores oficiales están divididos según líneas geopolíticas», advierte.
Asimismo, Georgieva insta a los países a intensificar la acción climática, apuntando que un factor diferencial podría ser el establecimiento de un precio mínimo internacional del carbono entre los principales emisores, así como aumentar la financiación climática para ayudar a los países vulnerables a adaptarse.

BALANCE BBVA; Torres se muestra optimista y espera cierto crecimiento

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha hecho balance de 2022 y se ha manifestado también sobre lo que espera para 2023, un año que prevé bueno para el banco pese al complicado contexto. Así, ve «un panorama de crecimiento» en los próximos meses, con «creación de oportunidades para todos nuestros grupos de interés».

Torres estima que 2023 será un año que irá de menos a más a medida que se disipan las incertidumbres, que siguen siendo muy abundantes, y entre las que destaca la guerra en Ucrania, pero también la situación de Covid que todavía vive China y las tensiones comerciales entre distintas zonas del mundo. En cuanto al pasado año, reconoce que ha sido más complicado de lo previsto, pero que se ha saldado favorablemente tanto en el aspecto financiero como en el estratégico. En este sentido, Carlos Torres ha destacado la evolución del dividendo y ha anticipado un incremento del mismo para 2023. Si tenemos en cuenta el beneficio esperado por el consenso para el conjunto del año, y teniendo en cuenta también la política de ‘payout’ del 40% al 50% que tenemos establecida, esperamos que el dividendo de este año supere con creces el del año pasado, de 31 céntimos de euro, que ya fue el mayor dividendo en efectivo que hemos pagado en la última década», ha indicado.
BBVA publica sus resultados de 2022 en las próximas semanas. Su presidente ha aprovechado para remarcar la fortaleza de sus cuentas a septiembre -con «crecimientos muy relevantes en inversión crediticia, creciendo a doble dígito o el beneficio atribuido creciendo casi un 50%»- y se ha referido al buen comportamiento especialmente de México y España, aunque ha remarcado que Turquía es un mercado «estratégico» para la entidad. Así, al hablar de los logros estratégicos del pasado año, Torres ha puesto énfasis en el aumento de la participación en Garanti hasta el 86%. Además, ha apuntado los avances en temas más estructurales en los dos ejes claros de su estrategia: la innovación y la sostenibilidad.
Torres ha expuesto también otros aspectos, como la positiva evolución de los títulos del banco en 2022 (+15%, teniendo también en cuenta los dividendos pagados), «que compara bien con un 2% equivalente para el conjunto de la banca europea»; o los avances del año pasado en lo relacionado con la plantilla, ya que el banco ha consolidado el modelo de teletrabajo, «un modelo de trabajo híbrido, flexible». En cuanto a la remuneración al personal, ha subrayado las medidas para mejorar su poder adquisitivo en todos los países.

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