Imputar terrorismo criminaliza a los manifestantes

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MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) –

Josep Lluis Alay, ‘mano derecha’ del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón su petición de que se le aplique la Ley de Amnistía en la causa de ‘Tsunami Democràtic’ y ha rechazado que lo investigado pueda ser considerado terrorismo: «Pretender algo distinto, sobre hechos que son públicos y notorios, no es más que la criminalización del ejercicio de los derechos fundamentales» de los manifestantes.

A través de un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Alay solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que archive la causa para él tras la entrada en vigor de la medida de gracia que perdona una década del proceso independentista catalán.

La defensa de Alay, ejercida por el abogado Gonzalo Boye –también defiende legalmente a Puigdemont–, descarta en el escrito de alegaciones que hubiera una finalidad terrorista y que se causaran intencionadamente graves violaciones de los derechos humanos, que quedan excluidos de la ley.

«En el presente caso, los hechos objeto de investigación, que no pasan del ejercicio legítimo del derecho de manifestación, no pueden ser encuadrados dentro de lo que la Directiva (europea 2017/541) establece como fines terroristas conforme al propio artículo 3 de dicho cuerpo normativo. Pretender algo distinto, sobre hechos que son públicos y notorios, no es más que la criminalización del ejercicio de los derechos fundamentales», sostiene.

Para la defensa del jefe de gabinete de Puigdemont, «y adaptado al caso que nos ocupa, se recomienda abstenerse de criminalizar a manifestantes catalanes por delitos relacionados con el terrorismo».

LA MUERTE DEL TURISTA FRANCÉS FUE «FORTUITA»

Además, señala que «mucho se ha especulado y abusado respecto de un suceso luctuoso acaecido el día de la manifestación de Tsunami», en relación a la muerte de un turista francés de un infarto en el marco de los disturbios que se desataron en otoño de 2019 en el aeropuerto de El Prat tras la sentencia del ‘procés’.

«Sin embargo, se mire por donde se mire, dicho hecho, que no guarda relación alguna con la manifestación, no puede ser calificado de intencionado», expresa, antes de añadir que la muerte «fue fortuita y jamás intencionada y, mucho menos, relacionada con las manifestaciones» de ‘Tsunami Democràtic’.

A su juicio, lo investigado por la Audiencia Nacional «no pasa de ser el ejercicio legítimo del derecho de manifestación, por muy amplias y concurridas que hayan sido esas manifestaciones», promovidas tras la condena a los líderes del proceso independentista.

Es por ello que reclama que se le aplique la medida de gracia y se declaren amnistiados los hechos por los que se le investiga, declarando la extinción de la presunta responsabilidad penal.

Además de Alay, se encuentran investigados en esta causa la secretaria general de ERC, Marta Rovira; la dirigente de ERC Marta Molina; el empresario Oriol Soler; el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el empresario Josep Campmajó; el considerado tesorero de ‘Tsunami’ Jaume Cabani; el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, y el banquero Nicola Flavio Guilio.

Fuente

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