Interior cede y no exigirá por el momento a los hoteles que recopilen más datos de sus clientes
Ante la presión del sector turístico, el Ministerio de Interior cede y aplaza temporalmente la aplicación de su real decreto de registro de viajeros, norma que debía obligar a todos los intermediarios que intervienen en la contratación de servicios turísticos –hoteles, agencias de viajes y alquileres de vehículos– a compartir con la policía los nombres, edades, correos electrónicos, tarjetas de crédito, fechas de salida, domicilio y otros datos de sus clientes.
Precisamente por la oposición de las empresas del ramo, que fue unánime e inusitada, recientemente la entrada en vigor de la norma había sido pospuesta, del uno de octubre al dos de diciembre. Pues bien, entrará en vigor, pero el criterio que se adoptará, por el momento, es el de no exigir a los sujetos obligados por dicha normativa ningún dato de los que constan en los Anexos de dicho Real Decreto que no se esté recabando ya en la actualidad.
De igual modo, Interior se ha comprometido a reactivar la posibilidad del desarrollo de una Orden Ministerial por seguridad jurídica, si bien ha avanzado que sería un proceso largo y ha señalado que, si se acabara aprobando, en ningún caso sería antes de la entrada en aplicación de dicha norma.
Así lo ha informado la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) en un comunicado tras una reunión entre el departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska y miembros del Consejo de Turismo de la CEOE, del que forma parte la patronal.
En declaraciones a ABC, un portavoz del Ministerio del Interior ha incidido en que la decisión de posponer los efectos del decreto es temporal, pero que tarde o temprano la norma va a ser una realidad a la que hoteleros y demás empresas del sector se van a tener que adaptar.
Tras este nuevo aplazamiento, Interior aún no ha explicado cuándo empezará a reclamar a las empresas la información sobre sus clientes prevista en el decreto; máximo, ha especificado que no se hará hasta que haya tramitado una orden ministerial cuyo objetivo será facilitar la adaptación al nuevo marco normativo.
Sobre la polémica suscitada, el Ministerio ha lamentado las «exageraciones» en las que se han incurrido, reivindicando que el diálogo ha sido continuo, así como la pertinencia de la medida «para la seguridad nacional», ha dicho el portavoz.
La CEAV ha sido de las patronales más duras con la medida, que consideran que impone a las empresas -la mayoría de ellas pymes- una carga de trabajo excesiva y les hace llevar a cabo una tarea, el recabado de datos, que también tendrán que hacer los hoteles; es decir, que lo consideran un esfuerzo inútil.
Desde CEAV, explican en el comunicado, continuarán insistiendo «en la necesidad de excluir a las agencias de viajes del ámbito de aplicación del RD, entre otras razones, por no estar incluidas las mismas en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana de la que deriva este RD, por infringir la normativa de protección de datos y por implicar cargas demasiado onerosas y desproporcionadas para las agencias de viajes».
Propuesta del PP
Precisamente, y al calor de esta polémica, el pasado día 1 de octubre el Partido Popular presentó una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para que se prolongue aún más en el tiempo la suspensión del decreto, que consideran inviable y dañino para el sector turístico, «hasta que se aborde una revisión y readecuación en profundidad y proporcionada de esta normativa».
También exigen eximir de su cumplimiento al turismo de eventos. Esto último está en línea con lo que piden las agencias de viajes, que recuerdan que es imposible exigir a los intermediarios que recaben datos de grupos de 100 o 200 personas, como lo son a veces los del turismo de congresos. Sobre la recolección de información financiera de los viajeros que se prevé en el decreto, a su vez, el PP propone que se revise su compatibilidad con las leyes de protección de datos.