Jaque a la obra pública de Aragón al suspender el Constitucional el decreto de medidas urgentes
Nuevo jaque a la ejecución de las obras públicas dependientes del Gobierno de Aragón y las entidades locales. El sobrecoste de los materiales lleva más de un año y medio regando de dolores de cabeza a los contratistas, que buscan adaptar sus proyectos a la subida desbocada de las materias primas, que ronda ahora el 30% con respecto a hace un año y medio. Los constructores encontraron cierto remedio en un decreto ley de medidas urgentes para paliar la inflación promulgado por el Gobierno de Aragón en abril del año pasado, pues recogía una cláusula de revisión de precios para frenar la bola de nieve de licitaciones desiertas en la obra pública: casi 150 adjudicaciones quedaron desiertas durante 2022. Sin embargo, este ajuste de costes ha quedado suspendida por la decisión del Tribunal Constitucional de aceptar a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Pedro Sánchez para anular la norma del Ejecutivo aragoné al entender que no se acomoda a la legislación básica estatal en materia de contratos públicos.
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