La Junta se abre a cambiar la ley de regadíos de Doñana

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado dispuesto a modificar la ley de regadíos en el entorno de Doñana que propuso su Gobierno en el parlamento andaluz, si los partidos de la oposición plantean enmiendas que supongan una alternativa «creíble y viable» para solucionar el problema de los regantes en situación de «alegalidad» y, a su vez, garantizar la protección del parque nacional.

La comisión para debatir la proposición de ley para la mejora de la ordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana ha comenzado este martes en las cortes andaluzas y por ella pasarán expertos y representantes de diferentes administraciones y entidades.

En declaraciones a los periodistas en Málaga, Moreno ha recalcado que la Junta registró una proposición de ley y no un decreto para que todo el parlamento pudiera enmendar el texto y ha recordado que en el área de la Corona Norte, fuera del parque natural, existe un problema enquistado que su Ejecutivo ha decidido de forma «correcta» abordar «sin menoscabo de los intereses» medioambientales de Doñana.

Moreno niega que se regularice tomar agua del subsuelo

El presidente andaluz ha asegurado que su propuesta garantiza que «jamás de los jamases se coja agua del subsuelo» del parque, pese a que organizaciones ecologistas denuncian que es algo que ya está sucediendo y numerosos científicos se han pronunciado en contra de la legalización de los riegos. 

«Esta es una ley garantista y persigue preservar el parque de Doñana y, por tanto, esperamos que haya aportaciones en positivo», ha indicado Moreno, quien ha confiado en que por parte de los partidos de la oposición, no se siga «utilizando» la polémica de cara a las elecciones generales como ocurrió también en los comicios autonómicos y municipales. 

«Estamos siempre dispuestos a dialogar, a hablar y a escuchar y a aprender que aquellos que nos puedan hacer una propuesta más inteligente o positiva de la que hacemos nosotros», ha señalado el presidente.

La proposición de ley de PP y Vox plantea ampliar en unas 800 hectáreas las zonas agrícolas regables en la comarca del Condado de Huelva, cuyos propietarios quedaron fuera de regulación de 2014, y que afecta a los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. El gabinete de Moreno que se emplearán aguas superficiales del trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, no con agua del acuífero de Doñana, pero la iniciativa ha provocado el rechazo del Gobierno central, la Comisión Europea, de los expertos y ecologistas, que temen que sí acabe afectando al parque.

El Gobierno espera que se corrija el «despropósito»

En el día que comienza la comisión en el parlamento de Andalucía sobre la ley de regadíos de Doñana, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha pedido a la Junta que corrija un «despropósito» de norma para no quedarse al margen del Estado de Derecho.

Durante un acto en Granada, Morán ha criticado que el Ejecutivo andaluz haya «subcontratado» al Parlamento para elaborar la ley y ha justificado las ausencias en el debate de la ministra Teresa Ribera y de la Confederación hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Sobre esta última ha recalcado que se pronuncia con informes ante cualquier desarrollo normativo, en referencia al último estudio en el que la CHG indicó que la ley es «un engaño», porque tiene como objeto «declarar unas zonas regables que no van a tener acceso al agua».

«Es un informe que va perfectamente alineado con el conjunto de los informes de las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, que todas ellas se han pronunciado exactamente en el mismo sentido», ha aclarado el secretario de Estado, que ha defendido que la posición de la CHG es técnica y solvente, y coincide con la expresada por los servicios jurídicos de la Cámara, la Unesco, la Comisión Europea, la Estación Biológica de Doñana o el Consejo de Participación de Doñana. 

Para Morán, la propuesta de ley de regadíos es «ir contra dirección» y coloca a la Junta «en rebeldía», puesto que incumple la sentencia firme del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Doñana. 

En cuanto a la ausencia de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha argumentado que ella debe rendir cuentas ante las Cortes nacionales y ha ofrecido explicaciones «donde le corresponde». PP y Vox la incluyeron en la lista de comparecientes que pasarán por el Parlamento andaluz para dar su visión sobre este texto, pero Ribera ya respondió que los ministros no comparecen en las cámaras autonómicas, y cedió su tiempo de intervención a los científicos expertos en el Parque Nacional, que no habían sido invitados.

Así, Morán ha pedido a la Junta que escuche a los miembros del Consejo de Participación de Doñana, y ha pronosticado que la sesión de este martes será «más de lo mismo».

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