La posición de la Fiscalía sobre la malversación ensombrece el horizonte penal para una veintena de ex altos cargos de la Generalitat




La Fiscalía ha fijado su posición contraria a rebajar las penas por malversación a los políticos condenados por el procés, y eso puede tener una derivada muy relevante para una veintena de altos cargos y ex altos cargos de la Generalitat que aún están pendientes de juicio. La postura del ministerio público difumina las expectativas creadas por el Gobierno y ERC en torno a la reforma del delito de malversación y el supuesto beneficio que podría representar para esos 21 cargos y excargos públicos que están siendo investigados o esperan juicio por su participación en el referéndum ilegal del 1-O. Tres órganos judiciales mantienen abiertos procesos por ese delito contra responsables del Govern en 2017: 12 de ellos fueron nombrados por ERC y otros nueve por Junts per Catalunya o su antecesor, el PDeCAT. La hipotética rebaja de penas que implicaba la reforma del Código Penal lubricó el trato entre el PSOE y ERC, y se presentaba como una herramienta para sofocar los rescoldos de la crispación social que causó en Cataluña el procés y sus consecuencias. Pero la rebaja de penas introducida para la malversación en la reciente reforma del Código Penal no es aplicable, según la Fiscalía, al caso del procés.

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