Las reservas de agua caen más de un 30% en Tenerife en el último año y las balsas se quedan al 39% de su capacidad

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Feb. (EUROPA PRESS) –

El Cabildo de Tenerife ha empezado a evaluar una posible declaración de emergencia hídrica tras constatar que las reservas de agua han caído más de un 30% en pleno invierno de tal forma que las balsas han pasado de un 70% de su capacidad al 39% este mes de febrero.

Así lo han avanzado a los periodistas la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, quienes han detallado que la próxima semana habrá una reunión de todos los consejos insulares de agua con el Gobierno de Canarias para tomar medidas ante la falta de agua y también habrá otra monográfica del Consejo Insular de Aguas, Balten y las áreas de Agricultura y Medio Natural.

Dávila ha apuntado que la isla sufre «el invierno más seco y más cálido de la serie histórica» y esto va a tener «implicaciones» no solo para el sector primario sino también para el abastecimiento de la población de tal forma que la probable declaración de emergencia hídrica sea global y afecte a muchos sectores.

Además ha apuntado que hay que evaluar el impacto jurídico de la declaración para poder ejecutar obras de emergencia y así tratar de «atenuar» los problemas que se pueden presentar este verano.

Ha insistido en que la situación «es crítica» y agravada por que en algunos ayuntamientos las pérdidas de la red de agua alcanzan hasta el 60%, de ahí que se pusiera en marcha un plan de choque con los consistorios para ir en paralelo a un conjunto de obras promovidas por la corporación por importe de 278 millones para grandes sistemas de abastecimiento, depuración y desalación.

Afonso ha indicado que la isla se enfrenta al «mayor periodo de sequía continuado» de su historia y tiene la «situación más grave de Canarias», y aún se está «en pleno invierno» y tras un año «muy malo» en 2023, por lo que el Cabildo se ha comprometido con los agricultores «a poner toda la carne en el asador» con un total de 14 medidas.

Sobre la tardanza en aprobar la declaración de emergencia ha apuntado que es un instrumento jurídico «excepcional» que tiene cabida solo cuando no se dan las circunstancias ordinarias, algo que «se tiene que contrastar», si bien no ha obviado que hay «datos científicos y técnicos» sobre la mesa que apoyan la motivación de esa declaración.

No obstante, ha precisado que «el problema del agua no solo se circunscribe al ámbito del riego agrícola», sino que también puede afectar al abastecimiento de consumo humano.

Por tanto, ha señalado, «requiere de una declaración seguramente lo suficientemente extensa, pero con un alcance jurídicamente adaptable a lo que supone esa herramienta excepcional de la declaración de emergencia, que no tenga problemas jurídicos en su tramitación, queremos ir al grano, queremos acertar y queremos que sea lo más útil posible».

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