Ley española de cambio climático: lo que se ha hecho y lo que está pendiente | Cambio climático | Clima y Medio Ambiente


Desde el pasado mes de mayo, España cuenta con una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que pretende ayudar al país a alcanzar antes de 2050 la neutralidad climática, es decir, emitir tan solo los gases de efecto invernadero que puedan ser absorbidos por los sumideros naturales (como los océanos y los bosques). La legislación ha impulsado que el Ejecutivo ponga ya en marcha reformas para promover el autoconsumo energético, pero aún faltan por llegar normas para modificar el transporte, cuyas emisiones no han dejado de crecer en los últimos años. Repasamos los cambios que ha logrado ya la ley y aquellos que todavía siguen pendientes.

Aprobados

Ley de Propiedad Horizontal. La ley climática comprometía al Gobierno a modificar la norma que regula los edificios de viviendas para facilitar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las comunidades de propietarios. La reforma se aprobó el pasado 5 de octubre y simplifica los trámites para las obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética del edificio o la implantación de fuentes de energía renovable de uso común, como los paneles solares. Además, se refuerza la seguridad jurídica de las comunidades de vecinos para que puedan acceder a la línea de avales ICO para garantizar los créditos destinados a la rehabilitación energética de edificios, a lo que el Ministerio de Transportes destina 1.100 millones de euros.

Ayudas para impulsar el autoconsumo y la calefacción cero emisiones. El Ministerio de Transición Ecológica aprobó en junio un decreto para conceder hasta 1.320 millones en ayudas —procedentes del Plan de Recuperación— para instalaciones de autoconsumo (hasta 900 millones), almacenamiento detrás del contador (hasta 220 millones) y climatización con energías renovables (hasta 200 millones). Las actuaciones están dirigidas tanto a viviendas nuevas como en rehabilitación y, según cálculos del ministerio, permitirán crear 1.850 megavatios (MW) de generación renovable, lo que reducirá las emisiones de CO₂ en más de un millón de toneladas anuales.

Otras ayudas a las renovables. En julio, el ministerio lanzó otra línea de ayudas que contempla 200 millones para renovables térmicas en sectores económicos, 100 millones al impulso del biogás y 350 para renovables innovadoras, que incluyen redes de calor y frío, así como el fomento de comunidades energéticas y la participación ciudadana.

Zonificación de áreas sensibles frente a proyectos renovables. Los megaproyectos de energía solar y eólica están soliviantando a muchos pueblos de la España vacía por su impacto en el paisaje, en la economía rural y en la biodiversidad. Para evitar estos efectos, Transición Ecológica ha elaborado una herramienta cartográfica que zonifica el territorio en función de los impactos que puedan presentar para la implantación de estos grandes proyectos —los únicos que son de competencia estatal— teniendo en cuenta los valores ambientales de las distintas áreas. La idea es actualizarla periódicamente.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. La norma climática obligaba al Ejecutivo a elaborar un nuevo plan frente al calentamiento global, que ya aprobó el pasado septiembre. El documento propone actuaciones para la próxima década en campos como la salud, las costas, la gestión del agua, la agricultura, la biodiversidad o la lucha contra la desertificación.

En proceso

Ley de residuos. El Ejecutivo aprobó en julio una ley de residuos que busca prohibir las pajitas, bastoncillos y cubiertos de plástico de un solo uso y crear dos impuestos verdes, a los envases de plástico de un solo uso y al depósito de los residuos en los vertederos, con el objetivo de incentivar el reciclaje. Sin embargo, al tratarse de una ley, la norma está ahora en el trámite parlamentario y no se espera su aprobación definitiva antes de la próxima primavera.

Impulso a los puntos de recarga para coches eléctricos. Uno de los motivos que impiden el despegue del coche eléctrico es la falta de puntos de recarga. El ministerio se comprometió a aprobar un decreto para impulsar estas instalaciones, que ya ha pasado el trámite de consulta pública y se encuentra pendiente de publicación en las próximas semanas. Entre otras cuestiones, la norma pretende mejorar la transparencia de los operadores de recarga y clarificar la información sobre los precios de venta, con lo que mejorará la competencia.

Catálogo Nacional de Puntos de Recarga para Vehículos Eléctricos. La ley climática da a Transición Ecológica un año para la elaboración de un catálogo con todos los puntos de recarga de uso público, algo en lo que el ministerio todavía está trabajando. Debería tenerlo listo antes de mayo del año próximo. Para ello, las empresas deben remitir la información sobre estas instalaciones a la Administración, que la gestionará a través del Punto de Acceso Nacional de información de tráfico. Mientras tanto, hay mapas de elaboración privada como electromaps.com.

Puntos de recarga en gasolineras. La norma obliga a las estaciones de servicio a instalar puntos de recarga para coches eléctricos. El primero de los plazos establecidos, en función del volumen de ventas de la estación de servicio, es de 21 meses a partir del pasado mayo. “Una vez esté habilitado el registro nacional será posible realizar el seguimiento en tiempo real de la puesta en operación de dichos puntos en gasolineras”, explica una portavoz del ministerio. No hay novedades por ahora.

Ley de movilidad sostenible. El Ministerio de Transportes debe aprobar una ley de movilidad sostenible para impulsar la descarbonización de la movilidad urbana —con más vehículos eléctricos y más bicicletas— y dar financiación estatal al transporte público, entre otros puntos. El departamento de Raquel Sánchez explica que pretende llevar la ley al Consejo de Ministros antes de que acabe el año.

Señal de acceso a la zona de bajas emisiones de Barcelona. CRISTÓBAL CASTRO

Zonas de bajas emisiones. La norma climática obliga a los 149 municipios de más de 50.000 vecinos a crear zonas de bajas emisiones (ZBE) antes de 2023. Son áreas en las que se prohíbe el acceso a los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire. Ya funcionan en Madrid y Barcelona. Las principales ciudades españolas ya trabajan para poner en marcha esta medida, pero todavía no hay ninguna más finalizada. Transición Ecológica todavía estudia qué año se va a tomar como referencia de contaminación para saber qué localidades de más de 20.000 habitantes deben instaurar también ZBE.

Ayudas para crear zonas de bajas emisiones. Transportes dedica 1.500 millones de euros del Plan de Recuperación europeo en dos años para subvencionar a los ayuntamientos que implementen esta medida. En la primera convocatoria han participado más de 180 ayuntamientos, que han solicitado ayudas por 1.500 millones (un tercio más de lo que se otorgará en esta convocatoria). El plan ministerial es que el dinero llegue a los beneficiarios antes de fin de año. Parte del dinero se dedicará a la compra de autobuses eléctricos y la construcción de carriles bici y áreas peatonales.

Impulso de las energías renovables. Si en 2020 no hubo ninguna subasta de energías renovables, este 2021 se han realizado dos (una en enero y otra en octubre). Ambas suman 2.902 megavatios (MW) fotovoltaicos y otros 3.256 MW eólicos. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, los 3.124 MW subastados en octubre movilizarán inversiones por unos 3.000 millones de euros.

Reforma del sector eléctrico. El Gobierno se comprometió a presentar una propuesta de reforma del sector eléctrico junto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en un año. La mitad de ese plazo se ha consumido y la reforma aún no ha visto la luz. El ministerio señala que se están tramitando dos proyectos de ley en este sentido: el primero es el del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que arrancó en junio y busca sacar del recibo el coste de las primas a las energías renovables; el segundo pretende corregir el dividendo que reciben las centrales no emisoras de CO₂, los llamados beneficios caídos del cielo. Ninguno de los dos proyectos tiene todavía fecha de aprobación definitiva.

Asamblea ciudadana para el clima. La ley contemplaba también la creación de una asamblea ciudadana en la que se discutirán soluciones frente al calentamiento global. Sus miembros son elegidos por sorteo y son asesorados por un comité de expertos. La primera reunión se celebrará a finales de este mes y sus conclusiones finales se elevarán al Congreso y el Gobierno, aunque no serán vinculantes.

A largo plazo

Un sistema eléctrico más verde. El objetivo para 2030 es que haya un 74% de generación eléctrica a partir de energías renovables. Según Red Eléctrica de España, en 2020 se logró el 44%, mientras que en los 10 primeros meses de 2021 esa cifra ha subido al 47,2%, todavía lejos de la meta. En cuanto a la demanda final, las renovables supusieron el 18,36% en 2019 y el 20,9% en 2020; todavía no hay datos de 2021.

Prohibición de vehículos de combustión. El Ejecutivo prevé vetar las ventas de coches de gasolina y diésel en 2040 para alcanzar diez años después un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO₂. Esa previsión se ha quedado incluso corta, dado que la Comisión Europea pretende que la fecha se adelante a 2035. La ley climática contempla que se revisen al alza este tipo de metas cuando así lo haga la Unión Europea.

Estrategia de conservación y restauración de ecosistemas y especies sensibles a los efectos del cambio climático. El ministerio señala que todavía se encuentra en fase de análisis previo para la futura redacción del documento, que debe presentarse a la conferencia sectorial de medio ambiente antes de tres años. Queda, por tanto, tiempo.

Comité de expertos. El Ejecutivo se comprometió a crear un Comité de Personas Expertas de Cambio Climático para evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Transición Ecológica no tiene novedades sobre la creación de este órgano.

Grandes empresas. La norma climática prevé que las grandes empresas deberán realizar un cálculo de las emisiones que genera su actividad y planes para reducirlas. El ministerio no responde sobre si se ha avanzado algo en el tema.

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