El fiscal ve probada su acusación contra mandos policiales y empresarios de Calvià por una trama de corrupción policial

PALMA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) –

El fiscal Fernando Bermejo ha defendido su acusación contra dos mandos policiales de Calvià y dos empresarios del ocio nocturno del municipio por formar una trama de corrupción policial y empresarial para extorsionar a locales de la competencia, insistiendo en que los hechos de los que acusa han quedado probados durante el acto de juicio oral.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha acogido este lunes una nueva sesión del juicio contra el exjefe de Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, el que fuera jefe de policía de Marratxí y que había trabajado en Calvià, Antonio Ledesma, y dos empresarios del ocio nocturno de Magaluf.

De este modo, el Ministerio Público, que retiró la acusación contra dos agentes de la Policía Local de Calvià, inicialmente acusados de amenazas, mantiene las de cohecho pasivo contra los mandos policiales y los empresarios, que se enfrentan cada uno a seis años de prisión. Para Navarro, además, se reclaman 15 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Durante su intervención, que ha ocupado cerca de dos horas, el fiscal Fernando Bermejo ha considerado probado el abuso de poder que ejercieron Navarro y Ledesma debido a su cargo de mandos policiales.

En cuanto al delito de cohecho, también lo ha considerado probado ya que ambos mandos policiales asesoraban a una empresa al mismo tiempo que la debían inspeccionar y, remitiéndose a las declaraciones de una testigo, «las cantidades entregadas excedían del trabajo realizado».

También, Bermejo ha incidido en que las sociedades beneficiadas estaban todas participadas y dirigidas por los empresarios acusados, quienes conocían y consentían que se gestionasen laboralmente las empresas a los referidos policías locales.

Así, ha insistido en que «existía un trato consistente de favor» entre los mandos policiales y los empresarios «en tanto que se archivaban o se quitaban las multas, o se aceptada el pago de una cantidad muy pequeña de las mismas».

Del mismo modo, ha mencionado una serie de facturas incoadas que precisamente se correspondían a locales vinculados a la empresa que los policías asesoraban.

Antes de finalizar su declaración, el fiscal Bermejo ha hecho referencia a otros ilícitos, bajo su juicio, probados en este acto oral, aludiendo a boletines o expedientes no tramitados, avisos de posibles inspecciones a los empresarios acusados o correos electrónicos, entre otras pruebas.

Igualmente, ha calificado de «llamativo» que los mandos policiales se negaran, «estando en su perfecto derecho», a contestar a las preguntas del fiscal durante el juicio.

«Es llamativo que dos funcionarios públicos y mandos de policía se nieguen a contestar; este silencio de mandos a preguntas del fiscal se ha dado en muy pocas ocasiones, por lo menos ante mí», ha reiterado Bermejo.

Para finalizar, ha reconocido que «la justicia ha llegado tarde, pero ha llegado», admitiendo la posibilidad de que existan otros locales de ocio nocturno beneficiados en el municipio. Con todo, ha insistido, ha visto acreditado, en base a testificales y documentos, que los hechos de los que acusa han quedado probados.

Durante su intervención, el fiscal también ha justificado brevemente la absolución de los dos agentes inicialmente procesados en este procedimiento.

En concreto, ha argumentado, al respecto, que uno de los denunciantes no compareció, otro no logró identificar el nombre de un agente y, en el marco de las testificales de guías caninos y otros testigos, todos declararon que era una práctica habitual que cuando un perro no detecta droga se coloque un señuelo para que no se frustre.

SESIONES PREVIAS

La Fiscalía acusa a los mandos policiales de haber obtenido beneficios trabajando directamente como asesores laborales para las empresas de los otros dos acusados, cobrando las facturas a través de sociedades a nombre de terceras personas.

Además, Navarro y Ledesma habrían recibido 6.000 euros cada dos meses como contraprestación a los tratos de favor de las empresas participadas y dirigidas por los empresarios acusados. Según la acusación pública, los mandos policiales intercedían en todo lo relativo a expedientes administrativos y sanciones tramitados en el Ayuntamiento de Calvià. Así, las denuncias contra los locales de los encausados se archivaban o se quitaban las multas. Además, las empresas mencionadas recibían preavisos de las inspecciones.

En el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial a lo largo de las últimas dos semanas, Navarro negó haber dado instrucciones para favorecer o perjudicar a empresarios del ocio, aunque admitió colaboraciones puntuales con Ledesma, compatibilizando su labor policial, en materia de asesoría laboral.

De su lado, Ledesma argumentó que dejó Calvià en 2008, por lo que no tenía capacidad para actuar sobre los negocios de Magaluf.

Los empresarios, por su parte, negaron haber sobornado a los policías para salir beneficiados en las campañas de inspecciones y sanciones.

También pasaron por la Sala, en calidad de testigos, algunos empresarios que apuntaron que la detención de Navarro fue un antes y un después en la igualdad de trato entre los grupos empresariales. Uno de ellos, incluso, aseguró que recibió presiones para declarar en contra de los acusados por parte del fiscal Miguel Ángel Subirán.

Igualmente, un agente dijo que el consistorio ‘calvianer’ prestaba a las empresas de ocio nocturno un trato «no homogéneo» y, en otra sesión, funcionarias del Ayuntamiento de Calvià hicieron hincapié en la imposibilidad de que los policías locales intervinieran en la tramitación de las denuncias una vez entraban en el departamento de infracciones. Otra testigo, que trabajaba para los empresarios acusados, refirió un pago puntual a los mandos policiales.