La amenaza de la violencia política vuelve a ser un factor en los meses previos a las elecciones de EEUU

Autoridades y expertos alertan de un aumento generalizado de las amenazas y acosos a representantes electos desde las legislativas de 2022

El aborto emerge como particular frente de discordia en las primeras presidenciales tras la revocación de Roe vs. Wade en el Supremo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) –

A falta de siete meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, autoridades y expertos vuelven a alertar sobre la posibilidad de incidentes de violencia política antes, durante o después de los comicios, en un periodo extremadamente volátil en el que esta clase de agresiones, en los últimos dos años, ha pasado de ser una tendencia a convertirse en una constante.

La Policía del Capitolio de Estados Unidos constató en 2023 un total de 8.008 amenazas a congresistas, un 7 por ciento más que en 2022. «Va a ser un año de mucho trabajo para nuestros agentes», ha declarado a la cadena NBC el jefe adjunto de la Policía especial, Ashan Benedict, mientras la ONG del Centro Brennan para la Justicia avisó en enero de que nueve de cada diez legisladores locales han experimentado formas de abuso como insultos, acosos o persecuciones durante el último año y medio. Más de un 40 por ciento de ellos han sido amenazados o agredidos verbal o físicamente.

El ex director de Inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional, John Cohen, comentó a ABC News la posibilidad de una «tormenta perfecta» de violencia, una que combina contextos tanto internos como internacionales en un momento en el que «el discurso político se ha vuelto todavía más polarizado, todavía más agrio y todavía más divisivo».

La etapa preelectoral se está desarrollando en medio de dos conflictos como son Rusia contra Ucrania e Israel contra Hamás que, en 2020, no habían alcanzado ni remotamente la escala que exhiben ahora y, de puertas hacia adentro, la tradicional división entre demócratas y republicanos se ha ido concentrando en torno al derecho al aborto. Estas elecciones también serán las primeras presidenciales desde que el Tribunal Supremo revocara a mediados de 2022 la doctrina Roe Vs. Wade; una decisión que capacitó a los estados más conservadores para adoptar duras medidas contra la interrupción voluntaria del embarazo.

Todos estos factores combinados –sin olvidar nunca que el candidato republicano a la Casa Blanca, el ex presidente Donald Trump, está ahora mismo delante de un tribunal de Nueva York por presunto soborno– multiplican las posibilidades de violencia. Expertos del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED) tienen de momento la mirada puesta en los que, muy posiblemente, serán los seis grandes estados en disputa en los comicios de noviembre: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

Por poner un ejemplo, Michigan es un estado donde el aborto es un derecho protegido y teóricamente no debería ser una fuente de problemas, pero se da la circunstancia de que es uno de los epicentros de la comunidad árabe-estadounidense en el país, airada por los constantes vetos norteamericanos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a un alto el fuego para Gaza. Posibles ataques contra esta comunidad o la judía vuelven a ser motivo de alerta especial para las autoridades.

A esto hay que añadir que la actividad de los grupos extremistas estadounidenses, los ultranacionalistas en particular, ni mucho menos se ha reducido desde las elecciones de 2020 o del asalto al Capitolio de enero del año siguiente. La respuesta de las autoridades a los atacantes del Congreso no ha disuadido a estos grupos.

ACLED avisa de que, a lo largo de 2021, «a pesar de la disminución del número de estos grupos, éstos han aumentado su actividad e influencia. Organizaciones como los Proud Boys incrementaron su actividad un 15 por ciento en 2021 y aproximadamente el 25 por ciento de todas las manifestaciones que involucraron a los Proud Boys se volvieron violentas en 2021, en comparación con el 18 por ciento en 2020.

La ONG avisa particularmente de la peligrosa traducción de los enfrentamientos sobre la interrupción voluntaria del embarazo sobre el comportamiento de estas organizaciones violentas. Los eventos relacionados con el aborto que involucraron a milicias de extrema derecha aumentaron un 150% en 2021 en relación con 2020, y en 2022, el año de la revocación de Roe vs. Wade, se registró un aumento del 90% en comparación con 2021.

A tal punto ha llegado la situación que el grupo de expertos del Consejo de Relaciones Exteriores ha avisado esta semana que «todos los esfuerzos» para intentar cortar de raíz la violencia política en EEUU, bien en sus motivos o bien en los medios para ejecutarla, «han fracasado» por lo que es necesario abordar el problema desde otra perspectiva: evitar que se multiplique. El CFR presenta sobre esta cuestión un abanico de opciones que contempla polos opuestos en lo que a medidas de seguridad se refiere.

Los expertos contemplan, por un lado, la posiblidad de que la Guardia Nacional de EEUU se despliegue en las comunidades locales — más vulnerables a la violencia — mientras la Policía se ocupa de la seguridad en las urbes del país. Por otro, también contemplan la noción de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apueste por «quitar las manos del volante» y reducir al mínimo imprescindible la seguridad para, si la votación no registra actos de violencia de consideración, demostrar que las instituciones estadounidenses son lo suficientemente fuertes como para protegerse por sí mismas.